El derecho a la salud de los pueblos indígenas expuestos a metales tóxicos en Perú

En el informe Estado tóxico: Violaciones del derecho a la salud de pueblos indígenas en Cuninico y Espinar, Perú, Amnistía Internacional expone la manera en que la comunidad indígena kukama de Cuninico y las comunidades indígenas kana de Alto Huarca, Cala Cala, Huisa, Huisa Collana, Alto Huancané y Bajo Huancané, en Espinar, se enfrentan a una emergencia de salud por exposición a metales tóxicos, contaminación de sus fuentes de agua y falta de protección y apoyo por parte del Estado peruano.

Fisherman on the shore of the river by the community of Cuninico - edited
Pescador en la orilla del río por la comunidad de Cuninico © Amnesty International. Photographer: Daniel Martínez-Quintanilla

Las comunidades que Amnistía Internacional visitó en Espinar están ubicadas en las cuencas de los ríos Salado y Cañipía, en la región andina de Perú. De estos ríos salen arroyos que las comunidades utilizan como única fuente de agua para beber, cocinar, bañarse y dar de beber a su ganado. De igual modo, la comunidad indígena de Cuninico, situada en la región amazónica del país, ha dependido tradicionalmente del río para sus necesidades básicas: bañarse, lavar la ropa, cocinar y beber.

Los análisis realizados por el gobierno muestran que las comunidades indígenas de Espinar y Cuninico están expuestas a metales pesados y otras sustancias químicas tóxicas, y que sus principales fuentes de agua están contaminadas con metales tóxicos, aunque aún no se ha determinado el origen de esta contaminación. El Estado peruano tiene la obligación clara, establecida en marcos nacionales e internacionales, de hacer realidad el derecho a la salud de los pueblos indígenas de estas comunidades.

En particular, los artículos 24.1 y 24.2 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas establecen que “[l]as personas indígenas también tienen derecho de acceso, sin discriminación alguna, a todos los servicios sociales y de salud […] Las personas indígenas tienen igual derecho a disfrutar del nivel más alto posible de salud física y mental”. Además, el artículo 23 de la Declaración reconoce que “los pueblos indígenas tienen derecho a participar activamente en la elaboración y determinación de los programas de salud, vivienda y demás programas económicos y sociales que les conciernan”.

CARMEN CATALINA CHAMBI holding a cup of contaminated water taken from a water source in her community - edited
Carmen Catalina Chambi sosteniendo una taza de agua contaminada tomada de una fuente de agua en su comunidad © Amnesty International. Photographer: Diego Cardenas

Sin embargo, el Estado ha incumplido estas obligaciones de múltiples maneras. Al no dar una respuesta adecuada a los peligros que entraña la exposición a metales tóxicos en Cuninico y Espinar, el Estado peruano no está cumpliendo su obligación de garantizar el derecho de estas comunidades a disfrutar del más alto nivel posible de salud física y mental. El Estado debe asimismo implicar a los pueblos indígenas de estas comunidades en el diseño, la aplicación y la realización de servicios de salud culturalmente adecuados que satisfagan debidamente sus necesidades.

A pesar de la multitud de demandas, acuerdos, recomendaciones y compromisos, las comunidades de Espinar y Cuninico siguen esperando que el Estado Peruano las proteja y garantice su derecho a la salud.

 

Perfil: Melchora Surco Rimachi, residente de la comunidad de Alto Huancané

MELCHORA SURCORIMACHI de Alto Huancané - edited
Melchora Surcorimachi de Alto Huancané ©Amnesty International. Photographer: Nataniel Furgang

Melchora nació en el sector de Pacpacco de la comunidad de Alto Huancané, en Espinar, y ha vivido en la comunidad casi toda su vida. Contó a Amnistía Internacional que su vida ya no es feliz como lo era años antes: en el transcurso de los años, sus hermanas y hermanos, hijos e hijas y nietos y nietas han abandonado su comunidad a causa de los problemas causados por la contaminación por metales tóxicos. Sin embargo, a pesar de los riesgos que entraña la contaminación, Melchora se niega a abandonar su tierra: “para nosotros, nuestro terreno es un tesoro”, dijo a Amnistía Internacional.

Melchora tiene ahora 63 años pero dice que se ve y se siente mucho mayor porque está acabada. Sufre diversos problemas de salud: “Me duele la cabeza, mis vistas se han cortado. Me duele el cuerpo, ya no tengo fuerza para trabajar […] Mis huesos [me duelen]. No puedo viajar lejos. Todos mis huesos parece que están delgaditos, como lleno[s] de huecos, entra frío, entra sol”. En 2013 la examinaron para determinar la posible presencia de metales tóxicos en su sangre y orina. Los análisis revelaron que tiene 17 metales tóxicos en el cuerpo.

Melchora es lideresa de la Asociación para Defensa de Pacpacco Afectada por la Minería (ADEPAMI), una organización que presiona a las autoridades públicas para que aborden la contaminación que afecta a su comunidad y le proporcionen atención médica adecuada. Melchora pide que la “autoridad que nos haga curar. Pero hasta ahora no hay nada, no se cumple. Sus promesas del Estado peruano no se cumplen.”

 

Take action link - ES

 

Peru graphic - with text ES

 

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