Canadá: desastre de Mount Polley en la Columbia Británica y su impacto en los derechos de los pueblos indígenas

“Nuestra economía camina en la tierra y nada en el agua.”

En un edificio circular de una sola estancia, construido a imagen de la casa de invierno subterránea tradicional del pueblo secwepemc, la defensora del agua Jacinda Mack, describe, ante el Grupo de Trabajo de la ONU sobre las empresas y los derechos humanos, los efectos de 150 años de colonialismo sobre su gente, el pueblo secwepemc de Columbia Británica. Las consecuencias de más de 150 años de agresión gubernamental contra la identidad y la autodeterminación de los pueblos indígenas son personalmente agotadoras, afirma. No obstante, su amor por su pueblo y las aguas de su territorio le dan fuerzas para seguir luchando por la justicia.

Jacinda es la coordinadora de la organización Mujeres de las Primeras Naciones Defensoras de una Minería Responsable (FNWARM, por sus siglas en inglés). Dice a los representantes de la ONU, en su primera visita a Canadá, que la catástrofe de la mina de cobre del Monte Polley de 2014 es una “muerte que aún no ha terminado”. La catástrofe destruyó la vida acuática del arroyo Hazeltine e inundó el lago Quesnel con 25 millones de metros cúbicos de relaves mineros —que contienen cobre, arsénico y otras sustancias químicas de procesamiento— cuando el dique de tierra que los contenía reventó. El lago Quesnel incuba el 25 por ciento del salmón salvaje en peligro de extinción de la provincia y es la cuna sagrada del pueblo secwepemc. Esos relaves, les explicó, continúan en el fondo del lago Quesnel, y la gente ya no confía en la seguridad del agua y el pescado.

“Nuestro pueblo está de luto. Mis nietos y nietas nunca sabrán lo que es nadar y pescar en el lago Quesnel”, dice Jacinda.

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Activistas canadienses de varias generaciones exigen justicia para la catástrofe minera del Monte Polley y muestran su solidaridad (#SisterStreams) con los pueblos indígenas afectados. © Amnesty International Canadá

La del Monte Polley es la mayor catástrofe medioambiental minera de Canadá. Sus efectos en la seguridad alimentaria y las prácticas culturales de los pueblos indígenas en la zona de la catástrofe aún continúan dándose a conocer. Un estudio preliminar del efecto en la salud encargado a la Autoridad Sanitaria de las Primeras Naciones concluyó que la catástrofe había dañado gravemente la salud, el bienestar psicológico, la seguridad alimentaria y las prácticas culturales de los pueblos indígenas de la región. Pedía a Canadá que implementase el consentimiento libre, previo e informado en relación con todos los aspectos de las operaciones mineras.

En mayo de 2016, el auditor general de Columbia Británica publicó un duro informe sobre la “década de negligencia” del sector minero de la región y culpó al Ministerio de Energía y Minas de la deficiente cultura de vigilancia y control del cumplimiento de las normas que contribuyó a la catástrofe. El auditor general señaló que el hecho de que el Ministerio desempeñase al mismo tiempo las funciones de promoción y regulación de la actividad minera lo situaba en un “conflicto irreconciliable” en cuanto a la protección del medio ambiente frente a los daños, y recomendó al Ministerio trasladar la función de control del cumplimiento de las normas a una unidad externa. El gobierno rechazó la recomendación y continúa operando “como siempre”.

El Servicio para los Funcionarios de Conservación de Canadá, la Real Policía Montada de Canadá y el Ministerio de Pesca y Océanos de Canadá están llevando a cabo una investigación penal de la catástrofe, pero, tres años después, no se han presentado cargos contra la empresa ni se le han impuesto sanciones. El 23 de junio de 2016, la mina reanudó sus operaciones a pleno rendimiento pese a existir una investigación penal en curso y a carecer de un plan de gestión del agua a largo plazo. Los pueblos indígenas aún no han recibido reparación alguna por sus pérdidas de ninguna esfera del gobierno canadiense.

En su lugar, varias naciones indígenas se han visto obligadas a entablar costosas querellas en el Tribunal Supremo de Columbia Británica. Los resultados de esas causas tardarán años en conocerse.

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Jacinda Mack, coordinadora de la organización Mujeres de las Primeras Naciones Defensoras de una Minería Responsable (FNWARM) y miembro de las naciones Secwepemc y Nuxalk. © Amnesty International Canadá

“Se nos acusa de ser ignorantes sobre nuestras propias tierras y de ser alborotadores. Cuando discrepamos se nos silencia y no se escuchan nuestras preocupaciones en los denominados procesos de consulta”, dice Jacinda, que relata cómo en 2017, contra la voluntad de los pueblos indígenas, el gobierno de Columbia Británica otorgó a la empresa Mount Polley Mining Corporation un permiso de 5 años para verter las aguas residuales de la mina —que no están obligadas a cumplir las directrices sobre el agua potable de Columna Británica— en el lago Quesnel.

Jacinda y otros líderes y lideresas indígenas de Columbia Británica dicen que la empresa no tiene su consentimiento para verter sus aguas residuales en sus vías fluviales sagradas.

“Nos da miedo comer nuestro pescado. No queremos ese mal en nuestros cuerpos y los de nuestros hijos e hijas”, explicó Jacinda al Grupo de Trabajo de la ONU sobre las empresas y los derechos humanos. “Pedimos a Canadá que respete nuestra legislación indígena y nuestros derechos. Ésta es una situación crítica para nuestro pueblo y nuestra tierra. Estamos en crisis, como también lo están el salmón, el alce y el agua para nuestros hijos. Quiero poder mirar a mis hijos y mis nietos a los ojos y decirles que hice todo lo que estaba en mi mano para proteger la tierra y el agua.”

En 2014, el presidente de la empresa, Brian Knyoch, pidió disculpas por la catástrofe, diciendo: “Sé que nuestra empresa tardará mucho tiempo en recuperar la confianza de la comunidad”.

En agosto de 2017, el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial examinó las políticas y las prácticas de Canadá en materia de eliminación de todas las formas de discriminación racial. Escuchó el testimonio formal de pueblos indígenas sobre los daños causados por la catástrofe del Monte Polley. Organizaciones de la sociedad civil como Amnistía Internacional también proporcionaron al Comité información por escrito. En sus Observaciones finales, el Comité señaló el efecto desproporcionado y devastador de la catástrofe en el agua, los alimentos tradicionales y la salud de los pueblos indígenas. Pidió a Canadá que supervise y aborde los efectos del desastre del Monte Polley en los pueblos indígenas afectados y les suministre agua potable, alimentos, acceso a atención sanitaria y las vías de recurso y las reparaciones justas.

Amnistía Internacional manifiesta su apoyo a Jacinda Mack y los pueblos indígenas de Columbia Británica en su petición a Canadá de que aplique la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y garantice la justicia a las personas y la naturaleza dañadas por la catástrofe minera del Monte Polley.

 

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