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Estados Unidos está fallando a las mujeres indígenas: El derecho a la justicia y a no sufrir violencia sexual

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“Ya no sé qué más hacer. No me dan ninguna respuesta.”
Familiar de una joven violada nueve meses antes. © Amnesty International. Fotógrafo: Adam Nadal

En Estados Unidos, la violencia sexual contra las mujeres de naciones indígenas tiene proporciones epidémicas, y, con frecuencia, se niega la justicia a las sobrevivientes. Las mujeres indígenas de Alaska y del resto de Estados Unidos tienen una probabilidad de ser violadas 2,5 veces superior a las mujeres no indígenas. Una de cada tres mujeres indígenas será violada a lo largo de su vida. Más aún, muchas sobrevivientes de violación y agresión sexual indígenas tendrán entonces que luchar para recibir atención básica posterior a la violación. El informe de Amnistía Internacional Laberinto de injusticia: Falta de protección de las mujeres indígenas frente a la violencia sexual en Estados Unidos confirmó lo que las mujeres indígenas y quienes defienden sus derechos saben desde hace mucho tiempo: a las mujeres indígenas se les niegan los derechos básicos a no sufrir violencia y a la justicia.

La violencia sexual contra las mujeres indígenas es consecuencia de varios factores y da continuidad a una historia de abusos generalizados contra los derechos humanos de los pueblos indígenas en Estados Unidos. Históricamente, las mujeres indígenas eran violadas por colonos y soldados. Esas agresiones no eran aleatorias ni individuales, sino herramientas de conquista y colonización. Las actitudes hacia los pueblos indígenas que sustentan tales abusos contra los derechos humanos continúan estando presentes en Estados Unidos en la actualidad. Contribuyen a los altos índices actuales de violencia sexual perpetrada contra las mujeres indígenas y ayudan a proteger a los agresores frente a la acción de la justicia; contribuyen a la falta de urgencia en todo el aparato de gobierno y la sociedad estadounidenses para abordar esa violencia y garantizar que las sobrevivientes reciben la atención que precisan.

Las mujeres indígenas se encuentran con importantes obstáculos para obtener justicia tras sufrir violencia sexual a consecuencia de las deficiencias de la respuesta policial, la insuficiencia de los servicios de salud y forenses y la ausencia de enjuiciamientos.

En 2011, el Servicio de Salud para los Pueblos Indígenas, agencia federal responsable de proporcionar atención médica a las comunidades indígenas, implementó protocolos para los casos de agresión sexual que incluyen directrices de atención posterior a la violación. No obstante, los y las activistas que defienden el derecho a la salud de las personas indígenas denuncian que la aplicación plena de los esos protocolos —si es que se aplican— es desigual.

Trascurridos 10 años desde la publicación inicial del informe Laberinto de injusticia, se han realizado excesivamente pocos avances, y Estados Unidos continúa sin actuar con la diligencia debida para prevenir, investigar y castigar la violencia sexual contra las mujeres indígenas. En consecuencia, las sobrevivientes indígenas de violencia sexual sufren prejuicios y discriminación en todas las etapas de la investigación y el enjuiciamiento tanto en los tribunales federales como estatales. Los kits de atención posterior a la violación, a menudo la única vía para que las sobrevivientes obtengan justicia, no se administran, no se procesan o no se admiten como pruebas ante los tribunales debido a deficiencias institucionales del Servicio de Salud para los Pueblos Indígenas.

 

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El departamento de policía me dijo que el examen forense de la agresión sexual cometida contra ella había sido destruido. Dada la falta de pruebas disponibles, el fiscal del distrito le aconsejó que retirara la denuncia tras la vista preliminar. © Amnesty International. Fotógrafo: Adam Nadal

Según los artículos 21.2 y 22 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, los Estados deben prestar particular atención a los derechos de las mujeres indígenas a fin de garantizar su plena protección frente a todas las formas de violencia, ámbito en el que la inacción del gobierno estadounidense es manifiesta. En su artículo 23, la Declaración dispone que los pueblos indígenas tienen derecho a determinar y administrar sus propios programas de salud, y en el artículo 24.2., estipula que los pueblos indígenas tienen el derecho a disfrutar del nivel más alto posible de salud. Desafortunadamente, la jurisdicción federal de EE. UU. sobre las reservas significa que los pueblos indígenas tienen poco control sobre sus recursos sanitarios. El Servicio de Salud para los Pueblos Indígenas decide qué servicios se proporcionan a las comunidades indígenas, y su actual inacción a la hora de aplicar los protocolos exhaustivos para los casos de agresión sexual es indicativa de una falta de preocupación por los derechos de las mujeres indígenas.

Estados Unidos fue uno de los cuatro Estados miembros de la ONU que votó vergonzosamente en contra de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas cuando se aprobó en 2007. Afortunadamente, en 2011, el gobierno dio marcha atrás a esa postura y anunció su apoyo a la Declaración.

Sin embargo, Estados Unidos ha fallado a las mujeres indígenas de todo el país al no edificar sobre ese compromiso y proteger, respetar y hacer efectivos sus derechos más básicos.

La violencia sexual es una cuestión de derechos humanos, y las mujeres indígenas merecen los mismos recursos y vías para la justicia que las mujeres no indígenas.

 

Semblanza: Charon Asetoyer

FOTO: Charon Asetoyer

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© Amnesty International. Fotógrafo: Adam Nadal

Charon Asetoyer (Nación Comanche) es directora ejecutiva y fundadora de la Junta Comunitaria de Indígenas Estadounidenses y el Centro de Recursos de Educación sobre Salud de las Mujeres Indígenas Estadounidenses, situado en la reserva sioux de Yankton (Dakota del Sur). Su activismo se centra en la intersección de la justicia reproductiva, la justicia medioambiental y los derechos de los pueblos indígenas estadounidenses.

Charon ha sido una fuerza innegable a la hora de mejorar la salud y el bienestar de su comunidad, dotándola de recursos como información sobre salud, un refugio para sobrevivientes de la violencia en el ámbito familiar y viviendas de transición. Su trabajo para inducir el cambio en su comunidad, en particular, y en las comunidades indígenas, en general, ha contribuido a cambiar la legislación y las políticas nacionales de manera que presten un mejor servicio a las mujeres indígenas, lo que incluye garantizar que se puede enjuiciar a hombres no indígenas por agresiones a mujeres indígenas, así como garantizar el acceso de las mujeres indígenas a anticoncepción de emergencia. Como Charon refirió a Amnistía, es preciso hacer cambios en todos los niveles: “La obligación de rendir cuentas del gobierno —desde las esferas más altas hasta la esfera comunitaria— pasa por aplicar el mismo estándar jurídico a todas las mujeres, incluidas las indígenas. La violencia sexual no es una excepción; la legislación debe garantizar y proteger nuestra dignidad”.

En todos los niveles del gobierno, los y las activistas en favor de los derechos de las mujeres indígenas, como Charon, se enfrentan a grandes desafíos. Incluso agencias como el Servicio de Salud para los Pueblos Indígenas, que supuestamente debe garantizar la salud y los derechos de las personas indígenas de Alaska y del resto de Estados Unidos, sufren herencias coloniales profundamente arraigadas: “No debería ser tan difícil lograr que se elaboren y apliquen políticas que mejoren la salud y el bienestar de las mujeres y los niños y niñas indígenas. Mientras estas sigan siendo racistas, tendremos que luchar por nuestro derecho a la igualdad en todas las agencias gubernamentales, incluido el Servicio de Salud para los Pueblos Indígenas”.

El trabajo de Charon ha demostrado que las personas activistas indígenas pueden cambiar y han cambiado la situación en sus comunidades y en todo el país.

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Canadá: desastre de Mount Polley en la Columbia Británica y su impacto en los derechos de los pueblos indígenas

“Nuestra economía camina en la tierra y nada en el agua.”

En un edificio circular de una sola estancia, construido a imagen de la casa de invierno subterránea tradicional del pueblo secwepemc, la defensora del agua Jacinda Mack, describe, ante el Grupo de Trabajo de la ONU sobre las empresas y los derechos humanos, los efectos de 150 años de colonialismo sobre su gente, el pueblo secwepemc de Columbia Británica. Las consecuencias de más de 150 años de agresión gubernamental contra la identidad y la autodeterminación de los pueblos indígenas son personalmente agotadoras, afirma. No obstante, su amor por su pueblo y las aguas de su territorio le dan fuerzas para seguir luchando por la justicia.

Jacinda es la coordinadora de la organización Mujeres de las Primeras Naciones Defensoras de una Minería Responsable (FNWARM, por sus siglas en inglés). Dice a los representantes de la ONU, en su primera visita a Canadá, que la catástrofe de la mina de cobre del Monte Polley de 2014 es una “muerte que aún no ha terminado”. La catástrofe destruyó la vida acuática del arroyo Hazeltine e inundó el lago Quesnel con 25 millones de metros cúbicos de relaves mineros —que contienen cobre, arsénico y otras sustancias químicas de procesamiento— cuando el dique de tierra que los contenía reventó. El lago Quesnel incuba el 25 por ciento del salmón salvaje en peligro de extinción de la provincia y es la cuna sagrada del pueblo secwepemc. Esos relaves, les explicó, continúan en el fondo del lago Quesnel, y la gente ya no confía en la seguridad del agua y el pescado.

“Nuestro pueblo está de luto. Mis nietos y nietas nunca sabrán lo que es nadar y pescar en el lago Quesnel”, dice Jacinda.

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Activistas canadienses de varias generaciones exigen justicia para la catástrofe minera del Monte Polley y muestran su solidaridad (#SisterStreams) con los pueblos indígenas afectados. © Amnesty International Canadá

La del Monte Polley es la mayor catástrofe medioambiental minera de Canadá. Sus efectos en la seguridad alimentaria y las prácticas culturales de los pueblos indígenas en la zona de la catástrofe aún continúan dándose a conocer. Un estudio preliminar del efecto en la salud encargado a la Autoridad Sanitaria de las Primeras Naciones concluyó que la catástrofe había dañado gravemente la salud, el bienestar psicológico, la seguridad alimentaria y las prácticas culturales de los pueblos indígenas de la región. Pedía a Canadá que implementase el consentimiento libre, previo e informado en relación con todos los aspectos de las operaciones mineras.

En mayo de 2016, el auditor general de Columbia Británica publicó un duro informe sobre la “década de negligencia” del sector minero de la región y culpó al Ministerio de Energía y Minas de la deficiente cultura de vigilancia y control del cumplimiento de las normas que contribuyó a la catástrofe. El auditor general señaló que el hecho de que el Ministerio desempeñase al mismo tiempo las funciones de promoción y regulación de la actividad minera lo situaba en un “conflicto irreconciliable” en cuanto a la protección del medio ambiente frente a los daños, y recomendó al Ministerio trasladar la función de control del cumplimiento de las normas a una unidad externa. El gobierno rechazó la recomendación y continúa operando “como siempre”.

El Servicio para los Funcionarios de Conservación de Canadá, la Real Policía Montada de Canadá y el Ministerio de Pesca y Océanos de Canadá están llevando a cabo una investigación penal de la catástrofe, pero, tres años después, no se han presentado cargos contra la empresa ni se le han impuesto sanciones. El 23 de junio de 2016, la mina reanudó sus operaciones a pleno rendimiento pese a existir una investigación penal en curso y a carecer de un plan de gestión del agua a largo plazo. Los pueblos indígenas aún no han recibido reparación alguna por sus pérdidas de ninguna esfera del gobierno canadiense.

En su lugar, varias naciones indígenas se han visto obligadas a entablar costosas querellas en el Tribunal Supremo de Columbia Británica. Los resultados de esas causas tardarán años en conocerse.

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Jacinda Mack, coordinadora de la organización Mujeres de las Primeras Naciones Defensoras de una Minería Responsable (FNWARM) y miembro de las naciones Secwepemc y Nuxalk. © Amnesty International Canadá

“Se nos acusa de ser ignorantes sobre nuestras propias tierras y de ser alborotadores. Cuando discrepamos se nos silencia y no se escuchan nuestras preocupaciones en los denominados procesos de consulta”, dice Jacinda, que relata cómo en 2017, contra la voluntad de los pueblos indígenas, el gobierno de Columbia Británica otorgó a la empresa Mount Polley Mining Corporation un permiso de 5 años para verter las aguas residuales de la mina —que no están obligadas a cumplir las directrices sobre el agua potable de Columna Británica— en el lago Quesnel.

Jacinda y otros líderes y lideresas indígenas de Columbia Británica dicen que la empresa no tiene su consentimiento para verter sus aguas residuales en sus vías fluviales sagradas.

“Nos da miedo comer nuestro pescado. No queremos ese mal en nuestros cuerpos y los de nuestros hijos e hijas”, explicó Jacinda al Grupo de Trabajo de la ONU sobre las empresas y los derechos humanos. “Pedimos a Canadá que respete nuestra legislación indígena y nuestros derechos. Ésta es una situación crítica para nuestro pueblo y nuestra tierra. Estamos en crisis, como también lo están el salmón, el alce y el agua para nuestros hijos. Quiero poder mirar a mis hijos y mis nietos a los ojos y decirles que hice todo lo que estaba en mi mano para proteger la tierra y el agua.”

En 2014, el presidente de la empresa, Brian Knyoch, pidió disculpas por la catástrofe, diciendo: “Sé que nuestra empresa tardará mucho tiempo en recuperar la confianza de la comunidad”.

En agosto de 2017, el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial examinó las políticas y las prácticas de Canadá en materia de eliminación de todas las formas de discriminación racial. Escuchó el testimonio formal de pueblos indígenas sobre los daños causados por la catástrofe del Monte Polley. Organizaciones de la sociedad civil como Amnistía Internacional también proporcionaron al Comité información por escrito. En sus Observaciones finales, el Comité señaló el efecto desproporcionado y devastador de la catástrofe en el agua, los alimentos tradicionales y la salud de los pueblos indígenas. Pidió a Canadá que supervise y aborde los efectos del desastre del Monte Polley en los pueblos indígenas afectados y les suministre agua potable, alimentos, acceso a atención sanitaria y las vías de recurso y las reparaciones justas.

Amnistía Internacional manifiesta su apoyo a Jacinda Mack y los pueblos indígenas de Columbia Británica en su petición a Canadá de que aplique la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y garantice la justicia a las personas y la naturaleza dañadas por la catástrofe minera del Monte Polley.

 

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India: Pavitri Manjhi, defensora de los derechos humanos de Raigarh (Chhattisgarh), trabaja contra el despojo ilegal de tierras de adivasis

 

Durante décadas, las comunidades adivasis de India han sido víctimas de manera desproporcionada de desplazamiento generado por el desarrollo. A menudo, se han adueñado de sus tierras ricas en minerales sin su consentimiento, lo que en virtud de la Ley de Prevención de Atrocidades contra las Castas y Tribus Reconocidas por la Constitución, ley especial que protege los derechos de las personas adivasis y dalits, constituye delito. Con frecuencia, las comunidades adivasis no han recibido ni indemnización ni rehabilitación adecuadas. Los poderosos actores que cometen esos abusos —empresas estatales, empresas privadas y quienes actúan en su nombre— han sido sometidos a escaso escrutinio por parte de los partidos políticos y los medios de comunicación nacionales.

En Raigarh (Chhattisgarh), algunas comunidades adivasis llevan años luchando contra lo que, según afirman, constituye una apropiación ilegal de sus tierras —mediante coacción, fraude y desinformación— en beneficio de dos empresas privadas. Pavitri Manjhi, la sarpanch (jefa electa del consejo de aldea) de Bhengari (Raigarh), ha estado en la primera línea de esta campaña.

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Pavitri Manjhi © Amnesty International

Pavitri Manjhi dice que su propia familia, al igual que otras familias del pueblo, fueron coaccionadas para vender sus tierras a agentes que actuaban en nombre de TRN Energy Private Limited, empresa filial de Aryan Coal Benefication India Limited, que explota una central térmica de carbón de 600 Mw en Raigarh.

Relató: “Cuando los lugareños se negaron a vender sus tierras, los mediadores dijeron que el gobierno estatal ya había entregado el pueblo a TRN Energy Private Limited, y que, si no vendían la tierra, la empresa la ocuparía y vertería hierro, ceniza y carbón sobre ella, y los lugareños no recibirían nada”.

Varios miembros de comunidades locales de los pueblos de Khokhraaoma, Katangdi, Bhengari y Nawapara (Tenda), muchos de los cuales no han aprendido formalmente a leer y escribir, contaron a Amnistía Internacional India que habían sido obligados a vender sus tierras a personas que actuaban como agentes de TRN Energy.

Algunos lugareños denunciaron que no se les había pagado el importe mencionado en los títulos de venta, o que sólo se les había pagado una parte. Muchos dijeron que su tierra se había vendido a precios muy inferiores a su valor comercial. Algunas personas también dijeron que primero se les había dicho que sólo se vendería una parte de su tierra, pero luego se encontraron con que todas sus tierras estaban registradas como vendidas. Parece que actualmente algunas de las parcelas de tierra vendidas se encuentran en posesión de TRN Energy o están siendo usadas por la empresa. Amnistía Internacional India escribió a TRN Energy el 27 de abril de 2017 para conocer su respuesta a las denuncias de las comunidades adivasis. Hasta la fecha la empresa no ha respondido.

Tras ser elegida sarpanch en 2012, Manjhi movilizó a la población para que presentaran denuncias oficiales contra la empresa ante las autoridades locales, alegando despojo ilícito de tierras de adivasis. Por su activismo, ha sufrido amenazas, intimidación y hostigamiento a manos de caudillos locales. Sospecha que esos hombres actuaban en nombre de TRN Energy Pvt Limited. Manjhi dice que denunció esas amenazas a la policía y que ésta se negó a incoar una causa penal.

En 2016, la organización no gubernamental Chingari Trust, que reconoce anualmente la labor de las mujeres que luchan contra la delincuencia empresarial, le otorgó, junto a otras cinco mujeres activistas de la región, el “Premio Chingari” por su contribución a la lucha en favor de la tierra de las comunidades adivasis.

En virtud del derecho y las normas internacionales de los derechos humanos, los Estados tienen la obligación de proteger el derecho de los pueblos indígenas al consentimiento libre, previo e informado sobre las decisiones que les afectan. No obstante, el consentimiento dado por los lugareños adivasis a la venta de su tierra no fue ni libre ni informado, puesto que se produjo a raíz de coacciones y desinformación. Lamentablemente, las autoridades estatales que no impidieron esas violaciones de derechos humanos están volviendo a fallar, al no proporcionarles una reparación adecuada.

3An Adivasi affected man signing his complaint before submitting to the police against illegal purchase of his land by private companies
Hombre adivasi afectado firmando su denuncia contra la compra ilegal de su tierra por empresas privadas antes de presentarla a la policía. © Amnesty International India

En 2017, Pavitri Manjhi y otras personas activistas fundaron el grupo comunitario Adivasi Dalit Mazdoor Kisan Sangharsh con el fin de utilizar las disposiciones de la Ley de Prevención de Atrocidades contra las Castas y Tribus Reconocidas por la Constitución, que penaliza el despojo de tierra de adivasis sin su consentimiento. El 14 de junio de 2017, el movimiento apoyó a 98 mujeres y hombres adivasis de cuatro pueblos de Raigarh —Khokhraaoma, Katangdih, Nawapara (Tenda) y Bhengari— que, al amparo de la Ley, iniciaron acciones penales en relación con su desplazamiento contra los intermediarios que, según denuncian, actuaron en nombre de TRN Energy, y los funcionarios gubernamentales que registraron los títulos de venta. La policía aceptó las denuncias, pero desde entonces se ha negado a registrar los partes iniciales de denuncia (primera actuación de una investigación penal).

Ahora Pavitri Manjhi y otras personas activistas planean ir a los tribunales y solicitar orientación a fin de lograr que la policía incoe las causas e inicie las investigaciones penales. También tienen previsto dirigirse a la Comisión Nacional India para las Tribus Reconocidas y al Ministerio de Asuntos Tribales.

La lucha de Pavitri Manjhi por la justicia y la dignidad continúa inspirando a activistas de Chhattisgarh y otros lugares. Puedes ayudarla, y ayudar a las comunidades adivasis de Raigarh firmando esta petición: https://www.amnesty.org.in/show/blog/the-adivasis-fight-back/

Kenia: La conservación del medio ambiente y los derechos de los pueblos indígenas – una partida con vencedores y vencidos

En su preámbulo, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas establece que “[…] el respeto de los conocimientos, las culturas y las prácticas tradicionales indígenas contribuye al desarrollo sostenible y equitativo y a la ordenación adecuada del medio ambiente”. Pese a esta contundente norma internacional de derechos humanos y al liderazgo y compromiso global demostrado por pueblos indígenas de todo el mundo, algunas comunidades indígenas de algunas partes del mundo continúan viendo negados sus derechos en nombre de la conservación del medio ambiente. Esta paradoja preocupante reside en el centro mismo de la controversia sobre el bosque de Embobut (Kenia), del que el pueblo indígena sengwer lleva siendo desalojado desde la década de 1980.

Este proceso alcanzó su apogeo en enero de 2014, cuando tras una serie de consultas a residentes del bosque se llevaron a cabo desalojos masivos en un intento por expulsar de él a todos los residentes indígenas que quedaban. Se calcula que las autoridades kenianas arrasaron unas 800 casas, aduciendo motivos medioambientales para intentar justificar su acción. Esto ocurrió pese a existir una orden del Tribunal Superior de detener el proceso para que pudiera examinarse una demanda judicial del pueblo sengwer, según la cual el desalojo contravenía su derecho constitucional al territorio.

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Colmena del pueblo sengwer en el bosque de Embobut. © Amnesty International

El gobierno arguyó que el bosque estaba gravemente degradado —deforestado a gran escala— y que se debía poner fin a todo asentamiento humano. No obstante, hay estudios exhaustivos que demuestran que cuando se hace efectivo el derecho al territorio de las comunidades ancestrales y éstas gestionan sus ecosistemas en colaboración con el gobierno, esos entornos prosperan. Uno de los medios de subsistencia del pueblo sengwer es la apicultura, por ejemplo, que ayuda a propagar las especies autóctonas de árboles y plantas.

El desalojo tiene un efecto devastador en la comunidad sengwer, tal como Amnistía descubrió cuando entrevistó a decenas de hombres y mujeres sengwers que han sido desalojados del bosque o que aún viven en él. Muchas de las personas que se fueron no obtuvieron indemnización y viven en una situación de pobreza extrema: en algunos casos 10 o 15 miembros de una misma familia cohabitan en una única estancia. Algunas mujeres denunciaron que habían sido agredidas sexualmente por sus anfitriones. Amnistía también entrevistó a jefes de estudios de escuelas primarias que denunciaron que los niños y niñas sengwers tenían muchas dificultades en la escuela y que muchos de ellos la abandonan a consecuencia de las condiciones difíciles que viven en su hogar.

Tras escuchar los relatos sobre la vida que les aguarda fuera del bosque —en muchos casos pobreza y alejamiento de sus medios de vida tradicionales—, muchas personas sengwers se negaron a abandonar el bosque y ahora viven en refugios improvisados construidos con corteza de árbol y láminas de plástico porque saben que sus hogares serán destruidos si los guardas forestales los encuentran. Tienen que mantenerse constantemente un paso por delante de los guardas, a fin de evitar que las detengan. Tanto las detenciones como la destrucción de sus refugios infringen la orden del Tribunal Superior.

El gobierno de Kenia afirma que consultó plenamente a la comunidad sengwer y que ésta manifestó estar de acuerdo con abandonar el bosque. Pero como muestra el informe de la consulta, el proceso partía de la premisa de que la gente debía abandonar el bosque y formulaba la preguntaba de cómo lograrlo. Es difícil extraer la conclusión de que en la práctica la comunidad sengwer tuvo voz en la cuestión. El informe también muestra que sólo los hombres —cabeza de familia— tendrían acceso a indemnización.

En la actualidad, el bosque de Embobut se halla bajo protección del gobierno y, como tal, es un área cerrada en la que pueden cometerse violaciones de derechos humanos sin temor a que los periodistas o activistas de derechos humanos lo vean. A Amnistía Internacional sólo se le concedió acceso al bosque con la condición de que sus representantes fueran acompañados por guardas forestales —las mismas personas acusadas por residentes de Embobut de hostigarlos, detenerlos y quemar sus chozas—. En abril, el defensor de los derechos humanos de etnia sengwer Elias Kimaiyo fue disparado y golpeado por un guarda forestal que se incautó de su cámara y su ordenador portátil. Estaba filmando a guardas que quemaban chozas de sengwers.

En un caso que presenta muchas similitudes con el de Embobut, la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (de la Unión Africana) resolvió en mayo que el gobierno había desalojado ilegalmente al pueblo indígena ogiek del bosque de Mau y no había fundamentado su alegación de que el desalojo serviría para conservar el bosque. El tribunal consideró que el gobierno no había identificado los distintos efectos que las distintas comunidades tenían en el bosque: no había diferenciado entre la comunidad ogiek, por ejemplo, que guarda una relación espiritual con el bosque que se remonta a muchas generaciones, y otros grupos no indígenas llegados en tiempos más recientes. Esto tampoco se hizo en el caso del bosque de Embobut y el pueblo sengwer.

Con esta serie de entradas de blog, Amnistía Internacional celebra el 10º aniversario de la aprobación de la Declaración de las Naciones Unidas. Pero si algo demuestra el caso de Embobut es que aún queda mucho para que los altos ideales de ese documento se hagan realidad, logro que protegería los derechos de los pueblos indígenas y contribuiría fundamentalmente a los fines de conservar el bosque y el futuro de nuestro planeta.

 

Semblanza: Elias Kimayo

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Elias Kimayo, defensor de los derechos humanos que cuestiona los desalojos forzosos de personas sengwers del bosque de Embobut. © Amnesty International.

El pueblo sengwer continúa resistiendo pese al hostigamiento continuo al que lo someten las autoridades kenianas. Muchas personas de etnia sengwer se han negado a abandonar el bosque, por lo que corren peligro de ser detenidos y de que los guardas del Servicio Forestal de Kenia, responsables de llevar a cabo los desalojos, quemen sus viviendas y sus pertenencias.

Elias, hombre sengwer de 37 años y defensor de los derechos humanos, ha sido desalojado más veces de las que puede recordar: 9 sólo entre enero de 2014 y marzo de 2015. Nos dijo: “Los frecuentes desalojos llevados a cabo por los guardias del Servicio Forestal de Kenia ya no nos permiten tener paz para practicar nuestra cultura y nuestra tradición, motivos de orgullo para nosotros, y garantizar la conservación del bosque”. Esto ha tenido un efecto devastador en sus medios de vida y su vida familiar: “No puedo vivir con mis hijos, que están obligados a residir fuera del bosque a causa del impacto de los desalojos. Esto puede provocar asimilación, pérdida cultural y de identidad. [Mis hijos] también echan de menos el amor parental, que es fundamental, y eso podría afectarles en el futuro. [Para mí] es una experiencia traumática y una tortura psicológica cotidiana”.

Pero no va a tirar la toalla. Lleva años documentando los abusos contra los derechos humanos cometidos contra su comunidad, filmando a los guardias del Servicio Forestal de Kenia quemando las casas de su comunidad. En abril de 2017, no obstante, guardas de este servicio lo atraparon y lo hirieron de gravedad: “Estaba haciendo fotos de los guardas del Servicio Forestal de Kenia que estaban quemando casas de la comunidad sengwer en el bosque de Embobut. Conté 29 casas quemadas. Los guardias comenzaron a gritarme. Corrí, pero tropecé y caí, rompiéndome la rótula, y me alcanzaron. Me golpearon con la culata del rifle y me rompieron un brazo. Me sustrajeron dos cámaras y un iPad”. Tuvo que ser hospitalizado, y aún está peleando para pagar las facturas médicas.

Las autoridades están desalojando forzosamente al pueblo sengwer de sus hogares, al parecer con fines de conservación ambiental. Pero la comunidad ha sido en realidad un activo principal para la preservación del bosque: son apicultores y utilizan sus recursos de un modo sostenible. Esto enfada mucho a Elias: “[El conflicto entre el gobierno y la comunidad sengwer] ha provocado la degradación rápida del bosque, la pérdida de recursos y de flora y fauna salvaje —nos dijo—; la única alternativa es que el gobierno confíe en el pueblo sengwer y lo reconozca como custodio del bosque de Embobut. Llevamos siglos cuidando, preservando y protegiendo la fauna y la flora, y usándola de un modo sostenible. Atesoramos un conocimiento indígena basado en leyes consuetudinarias no escritas que, si se valorase, constituirá una solución más barata y duradera al paradigma de la conservación y a este conflicto. En un plazo de entre 5 y 10 años el bosque estará plenamente regenerado”.

 

Filipinas: El valor de una mujer manobo a la hora de reclamar derechos

Roselyn Osok: El viaje de una activista

Roselyn es una mujer indígena defensora de los derechos humanos y organizadora comunitaria del barangay de Manat (Mindanao), donde vive. Su pueblo alberga a miembros de la comunidad indígena manobo y a migrantes que han aprendido a convivir entre sí. Describe su vida como “sencilla pero llena de sentido”.

El activismo de Roselyn no es fruto de una decisión tomada de un día para otro. Su viaje hacia convertirse en organizadora comunitaria comenzó cuando el cultivo de plantaciones de aceite de palma en el barangay de Manat comenzó a tener efectos ambientales negativos es su comunidad y en la gente que vive en torno a ella.

El auge del sector del aceite de palma, un “proyecto de desarrollo” en su dominio ancestral

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El humo negro que emite el molino de aceite contamina el aire y los alrededores del pueblo. © Amnesty International Filipinas

El auge de las plantaciones de aceite de palma en Mindanao ha afectado al uso de las tierras ancestrales y al derecho al dominio ancestral de los pueblos indígenas que habitan en el pueblo. Sólo en su comunidad, en torno a 1.800 hectáreas de cultivos de primera necesidad indígenas fueron transformados en plantaciones de aceite de palma. En un municipio vecino, ese mismo sector también ha socavado el acceso de los pueblos indígenas a alimentos y su derecho al dominio ancestral. El auge de las plantaciones de aceite de palma afectó a los medios de subsistencia y puso en peligro la seguridad alimentaria. Además, la introducción del aceite de palma en 1997 exacerbó la situación, puesto que contaminó las fuentes de agua, emitía humo negro y desprendía olores fétidos durante todo el día. Roselyn y otras mujeres del pueblo sabían que las plantaciones estaban poniendo en peligro su salud y la de sus hijos e hijas y otros familiares, porque el aire que respiran y el agua que beben están contaminados. No se podía seguir ignorando la situación, así que Roselyn comenzó a participar en el proyecto “Empoderamiento, Educación, Justicia” de Amnistía Internacional Filipinas.

Roselyn, facilitadora comunitaria

Roselyn es miembro de Amnistía Internacional Filipinas. Es también una de las facilitadoras locales formadas en el proyecto “Empoderamiento, Educación, Justicia” de la Sección Filipina. En su papel de defensora de los derechos humanos y facilitadora comunitaria, ha comenzado a sensibilizar a sus vecinos, a padres y madres y a otros miembros de la comunidad. Gracias a los cursos de formación que recibió sobre derechos humanos básicos, derechos de los pueblos indígenas, género y derechos de las mujeres, así como a su conocimiento especializado en materia de apoyo parajurídico y trabajo de incidencia, su comunidad comenzó a ser crítica. Con la seguridad en sí misma y los conocimientos que ha obtenido, ha logrado transmitir los principios de igualdad, no discriminación y justicia a otros miembros indígenas de su comunidad que también manifiestan los mismos sentimientos de indignación que ella. Mujeres y hombres comenzaron también a reclamar sus derechos y a creer que merecían una comunidad mejor y una vida mejor para sus hijos e hijas.

Roselyn ha facilitado algunas actividades de educación en derechos humanos. Cuando presentó el tema sobre las empresas y los derechos humanos a su pueblo, en una plantación en activo, un funcionario del barangay que estaba presente expresó, asombrado, que jamás se había planteado que una “simple lugareña” pudiera saber tanto sobre derechos humanos y tener aptitudes de facilitadora. Este comentario quedó grabado en la memoria de Roselyn, y la motivó a continuar desempeñando su papel de catalizadora del cambio en su comunidad.

Un giro en la vida de Roselyn: la defensa de los derechos humanos

Sus conocimientos y su papel en la comunidad dieron un giro a la vida de Roselyn. Además de continuar compaginando sus responsabilidades familiares y domésticas con su trabajo de maestra de sesenta niños y niñas pequeños manobos y migrantes en un centro de atención infantil —trabajo que ha desempeñado durante los últimos 19 años y que le procura un sueldo mensual miserable de 3.000 pesos filipinos (unos 58 dólares estadounidenses)—, ha intensificado su trabajo de incidencia. Documentar los abusos contra los derechos humanos se ha convertido en algo absolutamente natural para ella. Cuando cree que sus derechos y los de otras personas son conculcados, habla; cuestiona.

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Roselyn facilitando un tema en una de las actividades comunitarias de educación en derechos humanos con miembros de la Federación del Consejo Tribal de Manobo de Trento (FETREMTCO, por sus siglas en inglés). © Amnesty International Filipinas

Ha facilitado debates comunitarios sobre la contaminación causada por la planta de procesamiento. Documentó e inició una petición dirigida a la Oficina Municipal de Medio Ambiente y Recursos Naturales y firmada por otros miembros de su comunidad, lo que desató la furia de funcionarios del barangay, que los cuestionaron, preguntando por qué habían dirigido la denuncia a la Oficina sin pasar primero por sus líderes locales. Algunos dicen que actúan bajo la influencia de “grupos radicales”. Esta reacción no ha intimidado a Roselyn. Según ella, “este trabajo no es para [su] beneficio personal, sino por el bien de todas las personas. La empresa debe cuidar la eliminación de residuos; mirar por los recursos naturales y no exclusivamente por su propio beneficio”.

Roselyn añadió que no culpa a las personas que sintieron miedo y temieron por su vida. Pero en lo que a ella respecta, la tranquiliza saber que con que haya tan sólo cinco personas que alcen la voz por sus derechos y principios y deseen continuar reclamándolos, ella no se desanimará.

Suecia: Maxida Märak, artista y activista

El pueblo lapón es el pueblo indígena de Suecia. La intensa actividad minera y de explotación de otros recursos naturales en sus tierras ancestrales amenaza sus medios de subsistencia, su cultura y su supervivencia. Suecia ha sido criticado por la ONU por no respetar los derechos fundamentales de los pueblos indígenas, entre ellos el derecho básico al territorio. Pese a que representantes y activistas lapones piden que se suspendan las nuevas concesiones a empresas mineras en Laponia (región del norte de Suecia, Noruega, Finlandia y Rusia que conforma las tierras ancestrales del pueblo lapón) hasta que se haya garantizado el derecho indígena al consentimiento libre, previo e informado, hasta ahora sus demandas han sido ignoradas.

Mira el vídeo de Amnistía Internacional Suecia con la artista y activista Maxida Märak:

 

“Pertenezco a un pueblo que transita entre varios mundos.”

Texto y entrevista de Joanna Backman y Johanna Westeson, Amnistía Internacional Suecia

– Formo parte de una cultura enteramente dependiente del ciclo de la naturaleza. Nuestra forma de vida reside en la interrelación entre el bosque y las montañas. Mi pueblo sigue al viento, el agua y el reno. Pero parece que en la sociedad de hoy no hay sitio para nosotros, dice Maxida Märak.

Maxida Märak es activista política por los derechos de los pueblos indígenas y cantante y productora. Haber crecido en Jokkmokk y vivido en Estocolmo en distintos periodos de su vida le ha proporcionado lo mejor de los dos mundos, lo que se trasluce en su activismo y su trabajo musical. Pese a que en la actualidad reside en Estocolmo, Laponia (región del norte de Suecia, Noruega, Finlandia y Rusia que constituye las tierras ancestrales del pueblo lapón) ha estado siempre muy presente en su vida y su producción artística. La lucha por los derechos del pueblo lapón ha sido siempre un componente nuclear de su trabajo creativo.

– El Estado sueco lleva siglos sometiendo al pueblo lapón a discriminación y abusos contra los derechos humanos. El gobierno sueco nos ha robado nuestras tierras y explotado nuestro territorio. El pueblo lapón ha sido convertido al cristianismo por la fuerza, colocado en “escuelas nómadas” y sometido a exámenes biológicos raciales. Nuestros tambores tradicionales, utilizados por los noaidi (chamanes lapones) han sido destruidos. Hoy en día, apenas quedan 70 tambores en el mundo, dice Maxida.

Una de las luchas principales que se libran en Laponia en la actualidad tiene como objetivo el sector minero.

En amplias zonas de las tierras ancestrales laponas se está extrayendo mineral a gran escala a expensas del medio ambiente, los medios de vida del pueblo lapón y sus valores culturales. En el equilibrio de intereses que debe considerarse cuando el Estado valora la concesión de permisos de extracción minera, el derecho lapón al territorio tiende a verse como un “interés económico” entre otros. Las concesiones de explotación minera se deniegan en muy raras ocasiones y los recursos del pueblo lapón se desestiman. El problema no termina aquí. Suecia aplica uno de los impuestos a la minería más bajos del mundo, lo que permite a los empresarios explotar la tierra sin asumir mayores riesgos y sin la obligación de hacer devolución alguna a la comunidad local.

A menudo, las empresas mineras extranjeras se marchan sin tomar medidas para mitigar los daños ocasionados, y restaurar la tierra es prácticamente imposible. La tierra es un elemento central de la cultura y la supervivencia del pueblo lapón, tanto en relación con la cría de renos como con otros de sus medios de vida, como la caza, la pesca, la artesanía y la espiritualidad. La rápida expansión de las actividades mineras representa una amenaza directa para la cría de renos y otros medios de vida lapones y, por tanto, para la cultura lapona en su conjunto. Según el derecho internacional, el pueblo lapón, al igual que el resto de los pueblos indígenas, tiene derecho al consentimiento libre, previo e informado en relación con cualquier explotación de sus tierras ancestrales. Varias agencias de la ONU han señalado que Suecia infringe de manera habitual este principio central de derechos humanos.

Maxida es una figura principal en la lucha del pueblo lapón contra la industria minera, y lleva años luchado incansablemente. Ha gritado más alto que nadie, detenido coches, ocupado casas, cuestionado a directivos empresariales y a políticos. Ha bloqueado calles, organizado conciertos en el bosque para protestar. Ha organizado manifestaciones. En 2004, junto con otros y otras activistas, organizó la conocida incursión de los renos  (reindeer rajd) en el mercado de invierno de Jokkmokk (Suecia), a modo de protesta silenciosa contra el sector minero.

– En la actualidad hay unas mil operaciones de prospección minera en Suecia. La mayor parte de ellas se llevan a cabo en nuestras tierras ancestrales. A Suecia le gusta hablar sobre lo mal que otros países tratan a sus pueblos indígenas y sobre cómo sus políticos interfieren en sus tierras y las explotan, pero los políticos suecos tienden a no hablar sobre lo que ocurre aquí, que es exactamente lo mismo. Se rechazan nuestras peticiones. Se ignoran nuestras protestas. No se escuchan nuestras voces. Deseo vivir en una sociedad en la que Laponia y la cultura lapona sean la norma. Una sociedad en la que nuestra forma de vivir y nuestras tradiciones sean tan valoradas como las suecas. Entonces se nos vería y nuestra forma de vida contaría. Ese es mi objetivo, y jamás dejaré de perseguirlo, afirma Maxida Märak.

Amnistía lucha por los derechos de los pueblos indígenas en muchas partes del mundo. Estamos celebrando el décimo aniversario de la aprobación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, texto pionero que reúne los derechos esenciales de los pueblos indígenas de todos los continentes. Amnistía Internacional Suecia continuará luchando por los derechos del pueblo lapón. En 2016, el Día del Pueblo Lapón expresamos nuestro apoyo a la constitución de una Comisión de la Verdad sobre el Pueblo Lapón, que consideramos necesaria para que el gobierno sueco asuma las violaciones de los derechos humanos históricas y actuales cometidas contra el pueblo lapón y efectúe reparaciones.

 

 

Sweden: spotlight on Maxida Märak, artist and activist

The Sami are the Indigenous people of Sweden. Extensive mining activities and other exploitation of natural resources in their traditional lands threaten their means of subsistence, culture, and survival. Sweden has been criticized by the UN for not respecting fundamental Indigenous rights, among those core land rights. Sami representatives and activists demand a moratorium on new mining concessions in Sápmi (the area in the north of Sweden, Norway, Finland and Russia that constitutes the Sami people’s traditional land), until the Indigenous right to free, prior and informed consent has been granted, but thus far their demands have been ignored.

Watch Amnesty International Sweden’s video with artist and activist Maxida Märak.

 

“I belong to a people that wanders between worlds”

Text and interview by Joanna Backman and Johanna Westeson, Amnesty Sweden

– I come from a culture that’s totally dependent on a functioning natural cycle. Our way of living is an interplay between the forest and the mountains. My people follows the wind, the water and the reindeer. But it’s like we don’t have a place in today’s society, says Maxida Märak.

Maxida Märak is a political Indigenous rights activist and a singer and producer. Growing up in Jokkmokk and living in Stockholm in different periods of her life, has provided her with the best of two worlds, which is apparent in her activism and her musical work. Despite the fact that she’s now based in Stockholm, Sápmi (the area in the north of Sweden, Norway, Finland and Russia that constitutes the Sami people’s traditional land), has always been very present in her life and artistry. The fight for the Sami people’s rights has always been a core component of her creative work.

– The Sami have been subjected to discrimination and abuse by the Swedish government for centuries. The Swedish government has stolen our land and exploited our territories. The Sami have been converted to Christianity by force, placed in so-called nomadic schools and subjected to racial biological exams. Our traditional drums that were used by the Noadi (Sami shamans) have been destroyed. Today, there are only about 70 drums left in the world, says Maxida.

One of the main struggles fought in Sápmi today is the battle against the mining industry.

Large scale mineral extraction takes place in big parts of the Sami’s traditional land, at the expense of the environment, the Sami livelihood and cultural values. In the balance of interests that must be undertaken when the state assesses permission to conduct mining extraction, Sami land rights tend to be regarded as an “economic interest” among others. Mining concessions are very rarely refused and Sami appeals are rejected. The problem does not end there. Sweden has among the world’s lowest mining taxes, which allows entrepreneurs to exploit land at low risk and without any obligation to give back to the local community.

Foreign mining companies often leave without taking measures to mitigate the harm done, and restoring the land is virtually impossible. The land is a central part of Sami culture and survival – both in relation to reindeer husbandry and other Sami livelihoods such as hunting, fishing, handicraft and spirituality. The heavily expanding mining industry represents a direct threat to reindeer husbandry and other Sami livelihoods – and thus to the whole Sami culture. According to international law the Sami, like other Indigenous peoples, have the right to free, prior and informed consent in relation to all exploitation of their traditional lands. Several UN agencies have pointed out that Sweden regularly violates this central human rights principle.

Maxida is a leading name in the Sami struggle against the mining industry, and she has  fought tirelessly for years. She’s shouted the loudest, stopped cars, occupied houses, questioned business leaders and politicians. She has had streets blocked off, organise concerts in the forest out of protest. She has organised demonstrations. Together with other activists in 2014, she arranged the renowned “reindeer rajd” at Jokkmokk’s winter market in Sweden, as a silent protest against the mining industry.

– Today there are about a thousand mining prospects in Sweden. Most of them take place on our traditional land. Sweden will gladly talk about how badly other countries treat their Indigenous peoples and how their politicians intrude on and exploit their lands, but Swedish politicians tend not to speak about exactly the same thing happening here. Our appeals are rejected. Our protests are ignored. Our voices are not heard. My wish is a society in which Sápmi and Sami culture are the norm. A society where our way of living and our traditions are valued as highly as the Swedish. Then we would be seen, and our way of living would count. It’s my goal, and I’ll never stop aiming for that, says Maxida Märak.

Amnesty fights for Indigenous people’s rights in many parts of the world. Now we celebrate the tenth anniversary of the adoption of the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, which is a groundbreaking text that gathers the most crucial rights for Indigenous peoples on all continents. Swedish Amnesty will continue to fight for the rights of the Sami people. On Sami National Day in 2016, we expressed our support for a Sami Truth Commission, which we deem necessary for the Swedish government to come to terms with and make reparations for the historical and contemporary violations of Sami rights.

Philippines: a Manobo woman’s courage in claiming rights

Roselyn Osok: An Activist’s Journey

Roselyn, an Indigenous woman, is a human rights defender and community organizer in Barangay Manat, Mindanao, where she lives. Her village is home to Indigenous Manobos as well as migrants who have learned to co-exist with each other. She describes her life as “simple yet purposeful.”

Roselyn’s activism was not an overnight decision. Her journey to becoming a community organizer began when the growth of palm oil plantations in Barangay Manat has had negative environmental impact on her community and to the people living around it.

The rise of Palm Oil Industry, a so-called “development project” within the ancestral domain

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The oil mill emitting black smoke contaminating the air and surroundings of the village. © Amnesty International Philippines

The rise of palm oil plantation in Mindanao, has impacted the traditional land use and rights to ancestral domain of Indigenous Peoples living in the village. In her community alone, around 1,800 hectares of Indigenous staple crops where converted to palm oil production. In an adjacent municipality, the same industry has also undermined indigenous peoples’ access to food and right to ancestral domain. With the rise of palm oil plantations, livelihood was affected and food security was put at risk. Furthermore, the introduction of palm oil in 1997 exacerbated the situation, by polluting water sources, emitting black smoke and giving off a foul smell throughout the day. Roselyn and other women in the village knew the plantations were putting not only theirs but their children’s and other family members’ health and lives at stake because the air they breathe, the water they drink are contaminated. This situation could not be ignored any longer, so Roselyn started to be active in the Empowerment, Education, Justice (EEJ) project of Amnesty International-Philippines.

Roselyn, as a community facilitator

Roselyn is an Amnesty International Philippines (AIPH) member. She is also one of the local facilitators trained by the EEJ Project of AIPH. As a human rights defender and a community facilitator, she has initiated raising awareness of her neighbours, the parents, and other community members. With the trainings she has undertaken on Basic Human Rights, Indigenous Peoples’ Rights, Gender and Women’s Rights, as well as other skills she has developed in Paralegal support and advocacy, her community started to be critical. With the confidence and the knowledge she has gained, she has transmitted the principle of equality, non-discrimination and justice to other Indigenous members in her community, who also voice the same indignant feelings as hers. Women and men started to claim their rights and to believe that they deserved a better community and a better life for their children.

Roselyn has facilitated some human rights education activities. When she presented the topic on Business and Human Rights within her village, exactly where a plantation was operating, a Barangay official who was present was in awe, saying he never realized that a “simple resident” would know about human rights and have the skill to facilitate. This comment was etched in Roselyn’s memory. It served as a motivating factor for her to continue and pursue her role as a catalyst of change in her community.

A shift in Roselyn’s Life as a human rights defender

With the knowledge and her role in the community, there was a shift in Roselyn’s life. All the time juggling her family and domestic responsibilities and her job teaching sixty Monobos and migrant toddlers in a Child Care Center (which she has been doing for 19 years and earns a measly 3,000 pesos each month), she increased her advocacy work. Documenting human rights abuses became second nature to her. She speaks when she thinks her rights and those of the others are violated. She questions.

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Roselyn facilitating a topic in one of the community human rights education activity with members of the Federation of Trento Manobo Tribal Council (FETREMTCO) © Amnesty International Philippines

She has facilitated community discussions regarding the pollution caused by the processing plant. She documented and initiated a petition letter addressed to the City Environment and Natural Resources office and signed by other members of her community. This raised the ire of Barangay officials, who questioned her and others, asking why they directed their complaint to the agency without going through their local leaders first. Some are saying that they must have been influenced by “radical groups”. This reaction has not intimidated Roselyn.  According to her, “This work is not for my own personal gain but for the good of everyone. The company must look after their waste disposal; take care of natural resources and not only for their own profit.”

Roselyn added that she cannot blame others who felt scared and worried for their lives. But for her, she will find comfort in the fact that even if there are only five people who will stand up for their rights and principles, and are willing to continue claiming for their rights, she will not be disheartened.

 

Kenya: Conservation and Indigenous peoples’ rights – not a zero sum game

The preamble of the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples sets out that “…respect for indigenous knowledge, cultures and traditional practices contributes to sustainable and equitable development and proper management of the environment”. Despite this emphatic international human rights standard, and the global leadership and commitment demonstrated by Indigenous Peoples throughout the world, some Indigenous communities in some parts of world continue to have their rights denied in the name of conservation.  This troubling paradox lies at the heart of the controversy over Embobut forest in Kenya, from which the Sengwer Indigenous people have been evicted on an ongoing basis since the 1980s.

This process peaked in January 2014 when, after a series of consultations with forest residents, mass evictions were carried out in an attempt to remove all remaining Indigenous residents. An estimated 800 houses were razed to the ground by Kenyan authorities who attempted to justify their actions on environmental grounds. This happened despite a High Court injunction requiring the process be halted, to allow for the examination of a legal claim by the Sengwer that the eviction contravened their constitutional rights to land.

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A Sengwer beehive in Embobut forest. Photo Amnesty International.

The government argued that the forest was heavily degraded, with large-scale deforestation, and that all human habitation had to cease. However, extensive studies have shown that when traditional communities have land rights and co-manage their eco-systems with the government, those environments flourish. One of the Sengwer livelihoods is bee-keeping, for example, which helps to propagate indigenous tree and plant types.

The eviction has had a devastating effect on the Sengwer community, as Amnesty discovered when we interviewed dozens of Sengwer men and women who have been evicted from the forest or who still live there. Many who left, did not get compensation and are now living in crushing poverty, in some cases families of 10 or 15 in one room. Some women reported that they had been sexually assaulted by their hosts. Amnesty also interviewed primary school head teachers who reported that Sengwer children were struggling in school, and often dropping out, due to the difficult conditions they experienced at home.

Many Sengwer, having heard what life outside the forest holds for them – often poverty and dislocation from their traditional livelihoods – refused to leave the forest, and now live in makeshift shelters constructed out of tree bark and sheet plastic, because they know that their homes will be destroyed if found by forest guards. They constantly have to keep one step ahead of the guards, in order not to be arrested. Both the arrests, and the destruction of their shelters, violate the High Court injunction.

The Kenyan government claims that it consulted fully with the Sengwer community and that they agreed to leave the forest. But as the report of the consultation shows, the starting point for the process was that all people must leave the forest, and asked how this could be achieved. It is hard to conclude that the Sengwer really had a say in the matter. The report also shows that only men – heads of families – would have access to compensation.

Currently Embobut, as a protected government forest, is effectively a closed area, in which human rights violations can take place without fear of being observed by journalists or human rights activists. Amnesty International has only been granted access to the forest on condition of being accompanied by forest guards – the very individuals accused by Embobut residents of harassing them, arresting them, and burning their huts. In April, Sengwer human rights defender Elias Kimaiyo was shot at and beaten by a forest guard, and is camera and laptop taken. He was filming guards while they were burning Sengwer huts.

In a case which bears many similarities to Embobut, the African Court on Human and Peoples’ Rights (of the African Union) ruled in May that the government had illegally evicted the Ogiek Indigenous people from the Mau forest, and had failed to substantiate its claim that the eviction would serve to conserve the forest. One thing that the court found was that the government had failed to identify the different impacts that different communities had on the forest – failing to differentiate between the Ogiek, for example, who have a spiritual relationship with the forest going back many generations, and other more recently arrived non Indigenous groups. This was also not done in the case of Embobut and the Sengwer people.

In this series of blogs Amnesty International is celebrating the 10th anniversary of the adoption of the UN Declaration. But what the Embobut case shows is that there is a long way to go before the high ideals of that document are realised – an achievement which, would safeguard the rights of Indigenous Peoples and fundamentally benefit the aims of forest conservation and future of our planet.

 

Profile: Elias Kimayo

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Elias Kimayo is a human rights defender, challenging the forced evictions of Sengwer people from the Embobut forest. Photo Amnesty International

Despite the continuous harassment they are subjected to by the Kenyan authorities, Sengwer people continue to resist. Many have refused to leave the forest, and therefore remain at risk of being arrested and having their houses as well as their belongings burnt by Kenya Forest Service (KFS) guards – who are in charge of carrying out the evictions.

Elias, a 37-years-old Sengwer man and human rights defender, has been evicted more times than he can remember – 9 times between January 2014 and March 2015 alone. He told us: “we no longer have peace to practice our proud culture and heritage and [to ensure the] conservation of the forest, due to frequent evictions by KFS guards”. This has had a devastating impact on his livelihood and on his family life: “I can’t live with my kids, they are forced to live outside of the forest because of the impact of the evictions. This might cause assimilation, loss of culture and identity. [My kids] are also missing crucial parental love and it might affect their future. It’s a traumatizing experience and daily psychological torture [for me].”

But he is not giving up. He has been documenting the human rights abuses against his community for years, filming KFS guards burning houses in his community. In April 2017 however, he was caught and badly injured by KFS guards: “I was taking pictures of Kenya Forest Service Guards who were burning houses of the Sengwer in Embobut forest. I counted 29 burnt houses. The guards started shooting at me. I ran, but tripped and fell, breaking my kneecap, and they caught up with me. They hit me with the butt of a rifle, and broke my arm. They took two cameras and an iPad from me.” He had to be hospitalised, and this left him with medical bills he is still struggling to pay.

The authorities are forcibly evicting Sengwer people from their homes, allegedly for conservation purposes. But the community has actually been a major asset for the preservation at the forest, they are bee-keepers and use its resources sustainably. This makes Elias very angry: “[The conflict between the government and the Sengwer community] has caused the fast degradation of the forest, the loss of resources and of the wildlife”, he told us, “the only alternative is for the government to trust and recognise the Sengwer people as the custodian of the Embobut forest. We have been caring, preserving and protecting the fauna and flora for centuries and have used it sustainably. We possess indigenous knowledge based on unwritten customary laws. If this is enhanced then it will provide a cheaper and lasting solution to the conservation paradigm and to this conflict. Within 5 to 10 years the forest will be fully regenerated. ”

 

India: Pavitri Manjhi, Women Human Rights Defender in Raigarh, Chhattisgarh, working against illegal Adivasi land dispossession

For decades, Adivasi communities in India have suffered disproportionately from development-induced displacement. Their mineral-rich lands have been frequently taken over without their consent, which amounts to a crime under India’s Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, a special law to protect Dalit and Adivasi rights. Frequently, Adivasi communities have not received adequate compensation and rehabilitation. The powerful actors carrying out these abuses – state-owned companies, private companies, and those acting on their behalf – have faced little scrutiny from political parties or the national media.

In Raigarh, Chhattisgarh, some Adivasi communities have fought for years against what they say is the illegal takeover of their lands – through coercion, fraud and misinformation – for two private companies. Pavitri Manjhi, the sarpanch (elected head of the village council) of Bhengari, Raigarh, has been on the frontline of this campaign.

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Pavitri Manjhi © Amnesty International

Pavitri Manjhi says her own family, like other villagers, were coerced into selling her land to agents acting on behalf of TRN Energy Private Limited, a subsidiary of Aryan Coal Benefication India Limited, which operates a 600MW coal-fired thermal power plant in Raigarh.

She said, “When the villagers refused to sell their land, the mediators said that the state government had already given the village to TRN Energy Private Limited. And if they did not sell their land, the company would occupy it and dump iron, ash and coal over it, and villagers would get nothing.”

Several members of local communities in the villages of Khokhraaoma, Katangdi, Bhengari and Nawapara Tenda, many of whom are not formally literate, told Amnesty International India that they had been forced into selling their land to people acting as agents for TRN Energy.

Some villagers alleged that they had not been paid the amount mentioned in the sale deeds, or had been paid only part of it. Many said that their land had been sold at prices far below the market value. Some also said that they had been first told that only part of their land would be sold, but later found that all their land had been registered as sold. Some of the plots of land sold appear to currently be under the possession or use of TRN Energy. Amnesty international India wrote to TRN Energy on 27 April 2017 seeking their response to the allegations of Adivasi communities. The company has not responded to date.

After she was elected as sarpanch in 2012, Manjhi mobilized villagers to file official complaints against the company before local authorities alleging wrongful dispossession of Adivasi land. For her activism, she faced threats, intimidation and harassment by local strongmen. She suspects that these men were acting on behalf of TRN Energy Pvt Limited. Manjhi says she reported these threats to the police, who refused to register a criminal case.

In 2016, the Chingari Trust, an NGO which recognizes women fighting against corporate crime every year, gave her and five other women activists from the region the “Chingari Award” for their contributions to the struggle for Adivasi land rights.

Under international human rights law and standards, states have an obligation to protect the rights of Indigenous peoples to free, prior and informed consent on decisions that affect them. However the consent given by Adivasi villagers to the sale of their land, coming as it did after coercion and misinformation, was neither free nor informed. Unfortunately the state authorities who failed to prevent these violations are now failing again, by not providing adequate remedy.

3An Adivasi affected man signing his complaint before submitting to the police against illegal purchase of his land by private companies
An Adivasi affected man signing his complaint before submitting to the police against illegal purchase of his land by private companies. © Amnesty International India

In 2017, Pavitri Manjhi and other activists set up the Adivasi Dalit Mazdoor Kisan Sangharsh, a community group, to use the provisions of India’s Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, which criminalizes the dispossession of Adivasi land without their consent. On 14 June 2017, the movement supported 98 Adivasi women and men from four villages in Raigarh – Khokhraaoma, Katangdih, Nawapara (Tenda) and Bhengari – to file criminal complaints about their displacement using the Act, against middlemen they allege were acting on behalf of TRN Energy, and government officials who registered sale deeds. The police accepted the complaints, but have since refused to register First Information Reports (the first step of a criminal investigation).

 

Pavitri Manjhi and other activists plan to now move court, asking for directions to the police to register the cases and begin criminal investigations. They also plan to approach India’s National Commission for Scheduled Tribes, and the central Ministry of Tribal Affairs.

Pavitri Manjhi’s struggle for justice and dignity continues to inspire activists in Chhattisgarh and beyond. You can help her and Adivasis in Raigarh by signing this petition: https://www.amnesty.org.in/show/blog/the-adivasis-fight-back/